Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito, tres de cada cinco empresas españolas (60%) han padecido de impagos en el primer trimestre del año 2022. La inflación junto con los retrasos en las entregas de las materias primas ha generado para las empresas españolas un clima de incertidumbre que ha puesto en jaque la tesorería de más de una pyme. Si a esto le añadimos las dificultades de las más pequeñas para acceder a la financiación creamos la tormenta perfecta para la destrucción de tejido empresarial.
Para paliar estos efectos el Gobierno aprobó el pasado septiembre la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pretende revertir la situación gracias a facilitar la creación y el crecimiento de las empresas, especialmente las pymes, muchas veces lastradas por la morosidad empresarial.
¿Cuáles son las claves de la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas?
A partir de ahora crear una empresa será más fácil y más rápido. Unos costes menores y menos trámites permitirán que crear una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital de 1 euro, frente al mínimo de 3.000 euros necesarios hasta el momento. Además para agilizar la creación de empresas se abre la opción telemática, una ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), que reducirá los plazos y costes notariales y registrales para su constitución.
Para favorecer el crecimiento de las pymes, se modifica la Ley de medidas de liberación del comercio, ampliándose las actividades económicas exentas de licencia al incorporar aquellas consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
También se refuerza la cooperación entre las Administraciones Públicas y los mecanismos de protección de empresas y consumidores modificando la Ley de Garantía de Unidad de Mercado.
La morosidad: la gran lacra de las PYMES
La morosidad empresarial es uno de los grandes escollos. Según Cepyme, la deuda comercial con retraso de pago alcanzó el 73’3% del total en 2022. Esto dificulta especialmente la gestión en las pequeñas empresas que en muchos casos no han podido trasladar su incremento de costes a sus clientes.
Una de las medidas que se establece para agilizar los trámites es el uso de la factura electrónica, lo que garantiza un mayor control de pagos y un acercamiento a la digitalización de la operativa de las empresas. Además, las empresas que no cumplan con los plazos de pago fijados en la Ley de Morosidad no podrán recibir subvenciones públicas o colaborar en su gestión.
Se creará el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada como elemento de control sobre la información de la deuda comercial de las empresas. Y se incorporan modificaciones al incumplimiento por pagos de la administración con penalizaciones siempre que haya sentencia judicial por medio.
También se flexibilizan los mecanismos de financiación alternativa. En el ámbito del crowdfunding, se aumenta la protección de los inversores y se modifican los límites de inversión por proyecto. En cuanto a la búsqueda de inversores, se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir.
Esta ley llega en un momento de necesidad de apoyo por parte de la PYME pero se queda a medio camino en un país donde la demora de pagos está anclada en nuestra economía pese a los casi 20 años transcurridos desde que entrase en vigor la ley 3/2004 de lucha contra la morosidad. Una buena iniciativa que se queda corta para que los más débiles puedan notar una diferencia sustancial en su actividad diaria.
